La pandemia aceleró los cambios y pateó el tablero de cientos de empresas que tenían pendiente su agenda de digitalización. Esa celeridad también llegó al Congreso y ahora estamos en vísperas de que se trate urgentemente una ley de teletrabajo bajo el contexto de la emergencia sanitaria.

Pero el trabajo a distancia es mucho más que una solución al problema del aislamiento sanitario; es la modalidad natural de la nueva economía global que crea formas dinámicas y novedosas de entender la relación trabajador-empresa en el marco de una indetenible revolución tecnológica. Cualquier legislación que busque reglamentar eficazmente en esta materia debe hacerse entendiendo sus profundos efectos en el desarrollo de nuestra economía y su competitividad global.

Lo que para muchos es una nueva modalidad, para los prestadores de servicios basados en el conocimiento es una práctica asentada y madura, que ha sido valorada tanto por trabajadores como por empresas por sus múltiples beneficios. Tanto que hoy se considera al trabajo a distancia como parte del ADN de estas industrias.

En este sentido, los protagonistas de las industrias del conocimiento pueden compartir muchas de las buenas prácticas aplicadas durante más de una década para que la reglamentación del Teletrabajo se potencie a favor de trabajadores y empresas, evitando establecer mecanismos burocráticos, de rigidez operativa y costos innecesarios que entorpezcan la relación laboral.

Garantizar una norma que sea eficaz en este contexto exige escuchar las voces de todos los protagonistas, principalmente a quienes vienen operando con éxito bajo la modalidad y ya tienen una curva de aprendizaje. Asimismo, es necesario atender las situaciones particulares de cada industria y su marco laboral. Es decir, hay que dedicarle tiempo para que la legislación potencie desde su formalidad una práctica concebida desde la flexibilidad en el ámbito de las prácticas de cada industria.

El teletrabajo se ha desarrollado positivamente en el juego natural de la relación entre las necesidades de las empresas y el interés de los trabajadores. Crear intervenciones forzadas puede complicar en lugar de fomentar los beneficios de esta modalidad. La legislación a establecer debe favorecer que la relación laboral sea lo más virtuosa posible, reconociendo la flexibilidad del trabajo remoto y la fluidez en la dinámica empresa-trabajadores que permiten las nuevas tecnologías. A su vez, debe evitar el abuso en el uso del tiempo personal de los trabajadores y la duración de la jornada, y disponer el justo reintegro de los gastos que ocasione la modalidad.

Aspectos como la ciberseguridad, protección de datos personales o acceso a la información son asuntos pendientes con vacíos regulatorios, tanto en nuestro país como en el mundo, que deben seguir analizándose dada su complejidad. Ahora bien, en prácticas flexibles como el teletrabajo una excesiva intervención regulatoria puede imponer formatos rígidos, registros redundantes, burocracia administrativa y costos improductivos que impliquen una pérdida de competitividad de nuestro sistema productivo frente a otros países.

Argentina hoy nos exige concentrar todas las energías en crear empleo, en el marco de una aguda recesión que afecta gravemente la viabilidad de miles de empresas que están al borde de la desaparición. Afectar la sustentabilidad de estas empresas con cargas adicionales inconducentes sólo va a empeorar un cuadro de situación ya de por sí dramático.

En particular cabe preguntarse si las empresas que hoy no pueden siquiera pagar salarios, alquileres e impuestos estarían en condiciones de absorber mayores costos originados por nuevas obligaciones sobre elementos de trabajo, higiene y seguridad que podrían derivarse de esta ley. O enfrentar nuevos gastos administrativos para confeccionar registros que acrediten el software o plataforma a utilizar para la conexión y las altas mensuales de trabajadores que usen esta modalidad, siendo estas novedades tan dinámicas y cambiantes. Y qué valor puede tener informar a los sindicatos sobre estos registros.

Por ello, la responsabilidad de nuestros legisladores, hoy más que nunca, debe ser sancionar leyes bien meditadas, con suficiente análisis y ponderación de sus efectos, para que sus intervenciones sean eficaces en resolver los problemas profundos que enfrenta nuestro país.