Los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que representan a la Argentina, le pidieron a la jueza Loretta Preska que acelere el listado de bonistas que aún tienen en su poder bonos en default desde el 2001; y, en los próximos días se debería definir en el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York el pago de otras causas a holdouts, fondos buitre y antiguos bonistas particulares argentinos que aún se mantienen en la categoría de residual.
 
Lo que Argentina quiere terminar de resolver es el número final que tendrá que liquidar para cerrar definitivamente el caso; cifra que se ubicaría entre los u$s 400 y 450 millones totales. La estrategia del país es acelerar el cálculo sabiendo que se trata de una cantidad de dinero manejable (aún con las reservas flacas del país en estos tiempos); para demostrarle a la jueza que el país ya no es un “deudor recalcitrante”, sino que tiene voluntad de acuerdo con todos sus acreedores litigantes. Y que, curiosamente para los tiempos de grieta que se viven en Buenos Aires, proviene de una estrategia diseñada en los últimos tiempos de gestión de Mauricio Macri y que se mantuvo y profundizó en los primeros meses de Alberto Fernández en el poder. La intención es que la jueza cambie la imagen negativa que la Argentina dejó en ese tribunal en los tiempos de Thomas Griesa; y demostrarle que el país tiene voluntad de diálogo, de negociación con los litigantes (siempre que tengan buena fe) y fundamentalmente, respeto por las leyes norteamericanas y la investidura de la magistrada. Todas cuestiones que no habían quedado muy en claro en los años anteriores.

La estrategia fue una recomendación directa de los abogados de CGS&H, y se basa en la creencia que Preska tendrá que fallar en varias causas megamillonarias en su juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York. Uno de esos casos tendrá hoy un nuevo y fundamental capítulo. Preska recibirá a los representantes legales de la Argentina y de los fondos buitre Burford y Eton para determinar cómo continuará la causa iniciada por los litigantes por la manera en que el país renacionalizó la petrolera YPF en 2012. La jueza decidirá una cuestión clave para las posibilidades de éxito del país: si acepta o no aplicar las leyes argentinas en su corte; algo que sólo con buena voluntad de su parte se podría aplicar. Además de este caso, Preska tendrá que fallar por el reclamo del fondo buitre Aurelius por el caso Cupón PBI medido según las normas de 2014; y, en el futuro, los eventuales casos de aceleración que los fondos de inversión que hoy están negociando con la Argentina presenten en su juzgado, en el caso que finalmente no haya acuerdo ante la última propuesta de Martín Guzmán.

Para todo esto Argentina pidió hace un mes acelerar los pagos a los acreedores residuales que aún no cobraron (por propia voluntad) el dinero del acuerdo firmado en abril de 2016; avalado definitivamente por el propio Griesa en mayo de ese año. Ese acuerdo fue negociado por el exministro de Economía Alfondo Prat Gay y se basaba en reconocer el total de la deuda detentada por los holdouts, fondos buitre y particulares que no habían ingresado en los canjes del 2005 y 2010 (y que habían ganado el “Juicio del Siglo” en los tribunales de Manhattan, con fallos firmes en segunda y tercera instancia de los Estados Unidos); más un interés de 3% anual sobre saldo. Argentina liquidó unos u$u9.300 millones, cerrando casi un 7% del total de la deuda caída en default del 2001, con lo que el 98,5% del total del pasivo generado por la crisis estaba solucionado. Sin embargo quedaron sin aceptar la propuesta argentina unos u$s800 millones; para los que Argentina dejó abierta la posibilidad de liquidación abierta. Para esto, debían presentarse en el futuro en el tribunal de Griesa; luego manejado por Preska. Unos u$s 250 millones de ese dinero fue pagándose entre septiembre de 2016 y el primer semestre del 2019. Para septiembre de ese año, el gobierno de Macri le pidió a la jueza acelerar al cierre definitivo de la causa, a lo que Preska accedió. La jueza debía ahora poner precio a los reclamos, determinando si además del dinero a liquidar según los términos del fallo de Griesa de mayo de 2016, el país debía también pagar los costos de los abogados y otras multas y punitorios. La buena noticia para la Argentina es que sólo se deberá pagar el dinero del acuerdo; ya que, en síntesis, los que perdieron el litigio fueron los demandantes. Según el fallo de Preska del martes, Argentina tendrá que girar en poco tiempo (cuando ella lo habilite) unos u$u156,3 millones a Trinity Investments y u$s67,9 millones a Attestor Master Value.

El próximo fallo será el cálculo del dinero que se le tendrá que pagar al fondo Bracebridge, que reclama por títulos impagos desde el 2001 por unos u$u34 millones originales, que se transformarían en unos u$u50 millones. Pasarían luego por caja un listado de fondos que integran, entre otros, HWB Victoria Strategies Portfolio, Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y el U.V.A. Vaduz. Finalmente será el turno de los casos más complicados: los tenedores de deudas particulares que aún mantienen vivos sus reclamos en los tribunales de Preska, disgustados por el acuerdo del 2016 con Paul Singer y compañía, y por haberse considerados ninguneados durante todos estos años de litigio y poslitigio. Se trata, en general de un puñado de irreductibles bonistas en su mayoría ciudadanos argentinos, que en su momento se unieron en el “Grupo Varela”; bautizados así por el propio Griesa quien en algún momento escuchó los reclamos de Pablo Alberto Varela. Los pedidos de este bonista conmovieron al añoso juez, que luego de escucharlo decidió colocarlo primero en el listado de reclamantes argentinos . Se agrupaban después los nombres de Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, César Rubén Vázquez y Norma Haydée Ginés. El listado podría completarse con más acreedores y fondos por ahora desconocidos; ya que los identificados sumarían unos u$s450 millones, pero se cree que fuera de los canjes del 2005 y 2010; del pago a los fondos buitre y holdouts de abril del 2016 y de los acreedores residuales que ahora se están regularizando habría aún tenedores por unos u$s500 millones más que nunca se presentaron en los tribunales de los Estados Unidos ni los lugares de pago que se abrieron en Buenos Aires desde junio.