Uno de los principales desafíos económicos que atraviesa el Gobierno pasa por la reducción del déficit fiscal, que si bien este año cerrará significativamente por debajo del 6,5% del PBI de 2020 continuará en un nivel elevadísimo. Para los analistas, es una de las variables clave y la demarcación de un sendero hacia el equilibrio dotaría de certidumbre a la economía.

En el Presupuesto 2021, las proyecciones oficiales son de 4,5% del PBI y los analistas estiman una cifra no muy distinta, aunque hay dos factores que podrían achicar el rojo fiscal a través de un shock de ingresos: la suba del precio las commodities y el impuesto a la riqueza. Se trata de dos cuestiones que no estaban contempladas en el Presupuesto aprobado en noviembre y que sumarían al menos 1% del PBI a la recaudación.

Es que el programa financiero de este año fue aprobado a mediados de noviembre. Desde entonces, el precio de la tonelada de soja subió hasta el momento un 20%, un rally que asegura al Gobierno un importante robustecimiento de la oferta de dólares.

 
Además, esta dinámica promete un salto de los ingresos tributarios por la vía de los derechos de exportación que naturalmente no estaba previsto en el Presupuesto, al ser el incremento de los precios posterior a su aprobación legislativa. Para los analistas, este factor aportará entre 0,4% del PBI y 0,7% del PBI, lo que en pesos oscila entre $ 180.000 millones y $ 300.000 millones para todo el año, como previeron hace unas semanas Ecolatina y Analytica.

Frente a un déficit fiscal primario esperado de $ 1,9 billones, solo con la suba de los precios de las commodities se cubriría el 10% del desequilibrio de las cuentas públicas de este año.

El otro aliciente para los ingresos reside en el impuesto a la riqueza, ya aprobado y reglamentado, pero que tampoco estaba previsto en las cifras fiscales del Presupuesto, por lo que todo peso que ingrese disminuirá el déficit fiscal proyectado por el equipo económico.

Las estimaciones de las consultoras apuntan a que puede llegar a recaudar hasta 0,8% del PBI, como prevé LCG, lo que equivale a cerca de $ 330.000 millones, aunque algunas consideran una mayor porción de amparos para retrasar el pago que dejaría la cifra entre $ 200.000 millones y $ 250.000 millones, como la consultora Wise.

En cualquier caso, entre ambas fuentes de ingresos el Gobierno embolsaría entre 1% del PBI y 1,5% del PBI que redundarían en una reducción del déficit previsto, aunque en contrapartida hay algunos factores que podrían obstaculizar la materialización de esta reducción en los papeles.

Es que la eventualidad de una nueva ola de contagios, que ante el retraso en la vacunación no se descarta, conllevaría nuevas restricciones que comprometerían mayores erogaciones y menores ingresos. Economía no achicó su proyección fiscal por esta posibilidad.

La otra duda pasa por el ajuste de las tarifas de luz y gas, que el ala política del Gobierno prefiere postergar para no perder votos durante la campaña electoral. Naturalmente, esto genera un alza del gasto en subsidios y deterioro fiscal.