El Fondo Monetario Internacional volvió a ser terminante con la Argentina. No habrá reducciones en las tasas de interés que se le aplican al país, salvo que haya una decisión política que venga determinada desde la conducción máxima del organismo. Esto es, el board del FMI, que responde ordenes de los países que lo manejan. Especialmente los Estados Unidos, que detenta la mayoría accionaria, y los miembros de la Unión Europea. Sin que los gobiernos de estos países presionen al directorio, desde la conducción de Kristalina Georgieva no se podrá avanzar en el tema. Mientras tanto, posiciones conjuntas como las del G20 en la última reunión de Bali de comienzos de mes, sólo sirven como posición testimonial.
 
Así quedó claro en las últimas horas desde el propio organismo, luego de una serie de reuniones de rutina de cierre del año, donde se tomó nota del pedido del G20 aclarándole a los países que interpusieron el tema en agenda de discusión, que sólo por mayoría de los votantes en el board podría haber modificaciones en este capítulo central. Y que, mientras tanto, ningún miembro técnico (incluida Georgieva) puede avanzar sobre algún tipo de reducción de las tasas.
 
En las últimas horas, los negociadores de nivel máximo del gobierno de Alberto Fernández volvieron a pedirle al organismo financiero que se le aplique al Facilidades Extendidas vigente una reducción en los sobrecargos que debe pagar el país por el acuerdo; los que llegan al máximo posible que puede aplicar el Fondo. Esto es 4,05%; lo que implica un costo extra por unos u$s10.000 millones en todo el transcurso del préstamo. La idea de la Argentina era rediscutir ese sobrecosto que se le aplica por haber pedido el gobierno de Mauricio Macri al negociar el stand by de 2018 más dinero que el que reglamentariamente podía acceder, y luego no haberlo pagado en tiempo y forma, y haberlo renegociado luego entre febrero de 2021 y marzo de este año. La tasa máxima del FMI se ejecuta por castigo, y sólo una decisión política de los socios máximos del organismo podrían hacerla retroceder. En el momento de la discusión del acuerdo entre Martín Guzmán y los hombres y mujeres del Fondo, se reclamó discutir el capítulo; dejándose en claro en la sede del organismo en Washington que era una cuestión que debía llegar desde la Casa Blanca.

La insistencia de la Argentina en conseguir una rebaja en las tasas de interés que se apliquen en un eventual Facilidades Extendidas era un capricho. El ahorro que hubiera implicado para el país en los 12 años totales que durará el acuerdo que se sería de u$s1.000 millones anuales (u$s10.000 millones en total). Pero, como se trata de intereses y no de capital, ese dinero debería ser liquidado todos los años que dure el acuerdo, comenzando por el semestre posterior a la firma del Facilidades Extendidas.

Lo que reclamaron en su momento Alberto Fernández y Guzmán primero y Sergio Massa después es que esos “sobrecargos” no se le apliquen al acuerdo vigente, dado que es el propio FMI el que debe hacerse responsable de haber habilitado un préstamo por más de u$s57.100 millones, de los que se hicieron efectivos u$s44.700 millones, sabiendo que la Argentina era un Estado al que, por su nivel accionario, le cabía un total autorizable de no más de u$s20.000 millones.

Obviamente la Argentina en su rol de moroso recurrente está excluida del beneficio, y la única posibilidad de éxito durante la negociación del acuerdo vigente, era una intervención directa del gobierno de Joe Biden, algo que nunca ocurrió. Hacia delante, quedó en claro en las últimas horas, debería ser la comunidad internacional la que intervenga y obligue al Fondo a un cambio de su estatuto; algo que por ahora parecería no avanzar.

El cálculo que deberá hacerse para mensurar lo importante que sería reducir la tasa es el siguiente. El FMI le cobra al país por el stand by firmado por el Gobierno de Macri un 2,05% más dos puntos porcentuales extra por el exceso de dinero otorgado por superar el límite autorizado por la cuota que le correspondería. Esto fue negociado en el primer semestre de ese año por el exministro Nicolás Dujovne, y renovado cuando se extendió el acuerdo en julio de 2018.