El ministro de Economía, Sergio Massa, firmará este lunes el acuerdo con Estados Unidos de intercambio de información tributaria, para obtener los datos de las cuentas de argentinos en ese país. Luego, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley de blanqueo de capitales. Si bien el Gobierno espera aumentar la recaudación en al menos u$s1.000 millones en 2023, hay dudas entre los expertos sobre el alcance del acuerdo y la velocidad del intercambio de datos.

El acuerdo que se firmará se llama Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, más conocido como FATCA por sus siglas en inglés (Foreign Account Tax Compliance Act). Será el modelo recíproco 1. En una entrevista con Radio con Vos, Massa reveló que Estados Unidos proveerá información sobre todas las cuentas de ciudadanos argentinos en ese país. Habló de cuentas individuales, cuentas de sociedades integradas por ciudadanos argentinos que tienen cuentas en EE.UU., con ciudadanos como beneficiarios últimos, y también trust con ciudadanos argentinos como integrantes.
 

Massa detalló cuáles serán los datos que se recibirán: “EE.UU. nos da la información financiera sobre las cuentas declarables a la argentina, con la identificación del titular de la cuenta, de la institución financiera, el monto bruto de intereses percibidos, dividendos percibidos, u otras rentas con fuente en EE.UU. Por ejemplo, si alguien tiene una colocación asociada a una cuenta en un fondo de inversión y recibe rentas en ese fondo, también forma parte de la información que el gobierno de EE.UU. nos provee”.

El acuerdo se firma este lunes y comienza a regir el 1° de enero de 2023. El envío de la información se hará hasta el 30 de septiembre y abarcará a las cuentas desde septiembre de 2021. “Mucho escuchamos que decían en 60 días muevo la cuenta, me corro, cambio la sociedad, creyeron que con eso podían eludir la posibilidad de firmar un acuerdo, pero lo cierto es que se hace a ejercicio cerrado”, afirmó Massa.

La firma se hará de manera pública, en un acto que organizó Massa en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde participarán Carlos Castagneto, titular de la AFIP, y Marc Stanley, embajador estadounidense en Argentina. El embajador tomó un rol clave en la relación entre Argentina y Estados Unidos. La semana pasada, el canciller Santiago Cafiero reveló que “cumplió un rol importante para facilitar” el acuerdo con el FMI. También la semana pasada, Stanley participó de un encuentro a puertas cerradas donde se debate un “acuerdo marco de comercio e inversiones”, algo que no se realizaba desde 2018, en el que Argentina pidió destrabar exportaciones e inversiones.

En marzo pasado, Stanley se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para hablar sobre el FATCA. En ese momento, la vice le solicitó “colaboración” con el proyecto de ley que mandó al Congreso el senador Oscar Parrilli para crear un fondo para cancelar la deuda con el FMI, con recursos recuperados del lavado y la evasión. El proyecto tiene media sanción del Senado, pero así como está no pasa Diputados. “Tiene dictamen, pero no lo vamos a llevar al recinto para perder”, contó Germán Martínez, presidente del bloque del FdT en Diputados, en Futurock.

Por este motivo, el equipo económico se debate hasta último minuto qué hacer. Inicialmente, estaba la idea de que se pudieran aprovechar todos los blanqueos que hay vigentes hoy: para la construcción, para la compra de propiedades y para pagar importaciones. Luego, Massa intensificó su relación con Parrilli para ver la posibilidad de retomar el proyecto que en el oficialismo llaman “Fondo para el Fondo”. Finalmente, se optará por un nuevo proyecto de ley de exteriorización que enviarán al Congreso.

Consistirá en un blanqueo entre el 1° de enero y el 30 de septiembre, con beneficios según en qué momento ingresen. “A partir del 1° de octubre del año que viene, la aparición de esas cuentas prevé sanciones desde el punto de vista económico y penal”, amenazó Massa. A contra reloj, buscarán que se apruebe antes del 30 de diciembre.

Hay distintas versiones sobre el alcance que podría tener esta firma. Fuentes de Economía y Aduana estimaban que podrían ser u$s5.000 millones, en una proyección de máxima, dado que para eso los argentinos deberían ratificar la información ante AFIP, ponerlo en sus declaraciones de bienes y pagar multas e impuestos de la actualidad y cinco años para atrás. Por lo que la estimación oficial luego bajó a u$s1.000 millones para 2023. Además, podría haber ingresos extras porque investigan a quienes formaron parte del blanqueo de 2017 y ocultaron información respecto a activos en el exterior. “Si hay información que demuestra que se violó ese acuerdo con la AFIP, estamos frente a la caída de ese blanqueo y la necesidad de volver a revisar todo el patrimonio”, afirmó Massa.

Sin embargo, fuentes de estudios contables se mostraron más escépticas. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, afirmó que falta conocer la letra chica del acuerdo, porque el modelo que se firmará, que ya rige en otros países como Brasil, no incluye información de beneficiarios finales de sociedades del exterior que tengan cuentas abiertas en Estados Unidos, o saldos de cuentas bancarias de personas humanas, ni tampoco de bienes, como pueden ser propiedades. Además, opinó que, por el procesamiento de la información, el cruce de datos y los plazos de la rectificación de los contribuyentes en sus declaraciones juradas podría implicar que “la recaudación que se genere recién tendría efectos en el próximo gobierno”.

De todos modos, según pudo averiguar Ámbito de fuentes oficiales, más allá de lo que establece el modelo IGA 1 que se va a firmar, todo lo que se refiere a bienes sin declarar se puede capturar con acuerdos firmados previamente, como el TIEA del 2017. Además, los ciudadanos que firmaron el W8VN, que es el formulario con el cual los no residentes demuestran su condición de extranjeros y hacen la apertura de cuentas bancarias, entran, por lo cual ahí también quedarían captados los beneficiarios finales.

La firma establece la responsabilidad de que “toda la información esté sujeta a confidencialidad”, afirmó el ministro. También los bancos argentinos tendrán la obligación de declarar información a requerimiento de autoridades de EE.UU. “Los argentinos no son los únicos que evaden”, manifestó una alta fuente de AFIP.