Ley de Criptoactivos y Fintech: una propuesta para la regulación argentina

Educación Financiera Por: CPN Guillermo F. Williams 15 de diciembre de 2022
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El surgimiento de las finanzas tecnológicas y del ecosistema cripto abrió un debate en todo el mundo sobre si se debe o no regular a estos sectores, y en caso afirmativo cual es la mejor forma de hacerlo.
 
Hoy Argentina tiene una gran oportunidad de discutir esta problemática invitando a participar de este debate a todos los sectores involucrados. La Cámara de diputados está analizando un proyecto de Ley que se alinea con lo sugerido a todos sus países miembros por el GAFI, organismo supranacional dedicado la prevención del lavado de dinero. Esta institución en su recomendación número 15 señala que “…para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para prevención…, y tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo…”
 
Obviamente las recomendaciones tienen carácter general y cada país debe adaptar estos lineamientos a su realidad.

En los extremos y en relación con la regulación del mundo cripto curiosamente existen posiciones similares entre aquellos que no quieren que el Estado meta sus narices de ninguna manera en las decisiones privadas de este universo y los que creen que el sistema cripto es un esquema esencialmente vacío de contenido e intrínsecamente fraudulento.


Estas dos tribus antagónicas coinciden en que el estado no debe regular explícitamente al universo cripto.

Por un lado, los creyentes sostienen que la ausencia del Estado en este ecosistema va a permitir, sin explicar cómo y a qué costo, el nacimiento de un mundo más libre donde la privacidad será inviolable y la iniciativa privada sin regulaciones nos llevará inexorablemente a una sociedad mejor.

Paradojalmente las debilidades que evidencian los estados actuales en su funcionamiento hacen que esta visión antiestatal logre cierta adhesión también en los sectores más vulnerables de la sociedad que hoy subsisten y acceden a servicios esenciales gracias a determinadas políticas públicas.

Por el otro lado, académicos, profesionales y políticos convencidos del carácter insustancial, y peligroso de este nuevo mundo cripto creen que no se debe prohibir el sistema, sino aislarlo para que caiga por el propio peso de sus fragilidades sin contagiar al resto. En tal sentido en una nota publicada hace un mes en el Financial Times, Stephen Cechetti y Kim Schoenholtz señalan que regular o registrar de alguna forma a estos entes criptos es validarlos permitiéndoles así que penetren en el sistema tradicional para contaminarlo y desestabilizarlo. Conceptualmente esta línea de pensamiento propone no regular a estos actores, pero advertir masivamente a los inversores minoristas de los riesgos inherentes a invertir en estos productos, e impedir que los inversores institucionales, sean bancos, fondos comunes, compañías de seguros, etc, participen en estas “ruletas” poniendo en riesgo la estabilidad financiera.


Una tercera ha optado por prohibir taxativamente el mundo cripto; en este pequeño pelotón se ubican países tan disimiles como China o Bolivia. Esta alternativa, al menos en regímenes democráticos, parece no reconocer el hecho que la prohibición es de muy difícil instrumentación, mantenido en ocasiones vivo el fenómeno y en algunos casos potenciándolo y extranjerizándolo.

En el extremo opuesto un cuarto grupo donde se ubican El Salvador y la República Centroafricana han decidido que el bitcoin sea moneda de curso legal, no habiendo logrado los resultados positivos prometidos hasta el momento.


Sin embargo, la mayoría de los países occidentales incluido Argentina se encamina a diversas velocidades hacia una opción intermedia, reconocer -en forma más o menos directa- a estos productos novedosos y seguir las recomendaciones del GAFI, estableciendo un registro para proveedores de servicios virtuales, fijando estándares mínimos de funcionamiento.

Yendo a las peculiaridades de nuestro país que podrían considerarse para legislar en esta materia parece útil resaltar tres hechos estructurales que entiendo relevantes.

Primero, hay que reconocer que el universo cripto ya se ha instalado en Argentina. Según las fuentes más confiables existentes, nuestro país se encuentra, en términos relativos, entre las 15 naciones con mayor adopción de productos cripto en el mundo, abarcando esta realidad tanto a inversores de gran tamaño, como a pequeños ahorristas de diversos estratos sociales. Asimismo, existen emprendimientos a lo largo del país que involucran a todo este ecosistema en sus distintas vertientes.

Segundo, en el mundo de las finanzas tecnológicas donde se inserta el ecosistema cripto, y donde la aparición de grandes empresas tecnológicas alcanza un elevado nivel de penetración y sofisticación, se requieren organismos públicos integrados y altamente profesionales que cuenten con los sistemas y el personal capacitado para entender el funcionamiento de estas nuevas plataformas para así poder tomar decisiones fundadas. Por ejemplo, en la actualidad la ciberseguridad ha pasado a ser un elemento central para salvaguardar la integridad de los usuarios financieros.

Tercero, nuestro sistema financiero se encuentra fuertemente interrelacionado en sus distintos segmentos, las mismas entidades, productos y operatorias cuentan con múltiples reguladores que se solapan en algunos casos, mientras que en otros existe un vacío regulatorio donde ninguno interviene. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) regula productos cuasi monetarios y operatorias cambiarias (por ejemplo, las denominadas contado con liquidación y dólar MEP) que son potestad del BCRA; mientras que la autoridad monetaria, en ocasiones emite normas que invaden la esfera del mercado de capitales buscando proteger la estabilidad financiera. Asimismo, ambos organismos duplican pedidos de información a los mismos agentes; o determinadas transacciones -como las referidas al mundo cripto- no ingresan en ningún perímetro regulatorio. Mantener separada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFYC) del Banco Central resulta en la actualidad, un anacronismo considerando la ineficacia regulatoria que genera, más allá de cualquier enfoque normativo que termine decidiéndose.

Ante esta realidad, es necesaria una nueva infraestructura regulatoria que unifique mediante una ley a la CNV y a la SEFYC, creando una nueva Superintendencia de Mercado Financiero dentro del BCRA, que debería incluir dos Intendencias, la de Entidades Financieras y Cambiarias (ya existente) y una nueva de Mercado de Capitales e Innovación Financiera (que estaría conformada por el personal de la actual CNV), que trabajarían coordinadamente con una fuerte impronta tecnológica. Se potenciaría así una mirada más moderna e integral sobre el mundo financiero basada en un enfoque de riesgos. Esta propuesta esta alineada con lo que están haciendo otros países de la región con sistemas financieros más desarrollados que el nuestro.

A la hora de legislar debemos reconocer que, si la decisión final es requerir estándares mínimos a los actores de la compleja industria cripto que opera con una tecnología sofisticada en plataformas digitales supranacionales y muchas veces con jurisdicciones localizadas en paraísos fiscales; ningún organismo público en Argentina (ni en gran parte de los países del mundo) cuenta hoy en forma individual con las herramientas para llevar adelante esta tarea en forma adecuada.

Es cierto que, para avanzar con una reforma de este tipo hacen falta acuerdos políticos, difíciles de lograr en nuestro caso. En otros países de la región como Uruguay o Colombia ya se encuentran unificados estos reguladores financieros hace años, y avanzan lentamente en diversas estrategias regulatorias.

Un ejemplo de acuerdos políticos a imitar podría ser el de Chile, que propuso y logró unir en un mismo organismo (en ese caso fuera del Banco Central) al regulador de valores con el de entidades financieras, agregándole recientemente bajo su supervisión también a las empresas financieras tecnológicas. La propuesta inicial de consolidar reguladores la impulsó el gobierno de izquierda de Bachelet en 2017, la aprobó el gobierno de derecha de Piñera en 2019 y la profundizó el gobierno más de izquierda de Boric en 2022. En este sentido hace un mes el Congreso chileno aprobó una nueva ley donde se potencian las finanzas tecnológicas y se incorporan bajo este mismo organismo regulatorio unificado (llamado Comisión del Mercado Financiero) a las fintech y a las operaciones con determinados criptoactivos.

Modificar nuestra infraestructura regulatoria no va a solucionar los problemas de fondo que tiene la economía de nuestro país, pero contrariamente a lo que algunos piensan, la integración propuesta, sustentada en una mirada integral del complejo sistema financiero y en mayores capacidades tecnológicas, no solo permitiría proteger más adecuadamente a los usuarios de servicios financieros, sino que también ayudaría a hacer más eficiente y transparente nuestro mercado, eliminando solapamientos, haciendo más fluida la aprobación y creación de nuevos productos y garantizando más apropiadamente la integridad y crecimiento del sistema financiero argentino en su conjunto.

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