Nadie, ni dentro ni fuera del Gobierno, espera un dato alentador de inflación de enero, ni siquiera neutro. Pero la suba de los precios al consumidor que anunció ayer el organismo de estadísticas porteño, de 7,3% en la Ciudad de Buenos Aires, fue un baldazo de agua fría. Más allá de los rubros estacionales como restaurantes y hoteles o recreación y cultura, el registro acusó el impacto del aumento de tarifas. Esencialmente la suba del transporte, que anotó un alza de 11,4%, el renglón que más incide detrás de alimentos y bebidas y vivienda, agua y electricidad, ambos con una inflación de 6 por ciento.

El detalle no tardó en ser señalado tanto en despachos oficiales como privados: la medición de inflación de la Ciudad no es espejo de lo que informe el próximo martes el INDEC para todo el país, ya que en la canasta porteña pesan más los servicios. Eso hizo, por ejemplo, que en noviembre último, los precios del PCBA tuvieran un avance de 5,8% contra 4,9% del promedio nacional.

Sin embargo, si bien con menor incidencia por la mayor penetración de la tarifa social, el ajuste de tarifas -incluído el transporte- y la quita de subsidios también golpea en el Conurbano y atiza el índice oficial de precios. De ahí que el Gobierno empieza a volver sobre sus pasos respecto al calendario de retiro de los subsidios según el esquema de segmentación implementado desde octubre del año pasado. La explicación oficial sobre la postergación de la quita total de subsidios a los sectores de mayores ingresos, Nivel 1, es que 33% de los usuarios no se anotaron en el formulario para solicitar el subsidio, denominado RASE, lo cual excede por mucho las estimaciones oficiales respecto de la población considerada de “altos ingresos”.

Independientemente del impacto inflacionario del ajuste tarifario, la preocupación que crece en el equipo económico es el impacto sobre los salarios, es decir, sobre el ingreso de los hogares, que empieza a tener el ajuste tarifario. Otra muestra de ello es la postergación por algunos meses -de febrero a abril y junio- de los aumentos para el costo de la distribución en la zona del AMBA, donde operan las empresas Edenor y Edesur, que ahora se realizará en dos cuotas de hasta $410.

“Más allá de la inflación, es la carga en el salario lo que hizo que no se aumente como se esperaba”, afirmó el economista especializado en energía del Instituto General Mosconi, Julián Rojo, cuyos cálculos indican que cuando se inició la segmentación para avanzar en el sendero de ajuste de tarifas, el pago de energía insumía el 1,9% del ingreso de los hogares. Pero ese peso crece ahora velozmente no sólo por el aumento de precios de la energía y la quita de subsidios sino también por el aumento del consumo, particularmente en electricidad donde rige el tope de 400 kWh. En ese sentido, no sólo en el área metropolitana sino en todo el país, empiezan a llegar abultadas boletas que requieren de cada vez más recursos para ser afrontadas por los presupuestos familiares.

Esas boletas, que ahora el Gobierno intenta moderar, acusan un triple efecto según Rojo. En principio, la suba del costo de la energía en todo el país. En segundo lugar, el aumento por cargo por distribución que, a diferencia de lo que anunció ayer la secretaria de Energía, Flavia Royón para el Gran Buenos Aires, sí aumentó en varias provincias y, finalmente, el mayor consumo. “En enero y febrero suben mucho los consumos, hay ahí un efecto de cantidades y al excederse de 400 kwh/mes se paga el costo pleno, por el excedente”, explicó el economista.

Esa combinación de factores apunta al corazón de la debilidad de la gestión económica: la evolución de los salarios por detrás de la inflación. Y, aun cuando se le acerquen un poco más, como ocurrió en los últimos meses del año pasado, si la mejora relativa debe ser destinada al consumo de servicios públicos, difícilmente sea percibida como tal en los hogares. En un año electoral, en el que los datos de la realidad económica marcarán el ritmo y decisiones de la política, ese dato puede resultar trascendental.