La propagación del COVID-19 y la declaración de la situación de pandemia global, ha llevado a los gobiernos del mundo a tomar medidas de distinto tipo, nivel de exigencia y temporalidad, para atender la emergencia sanitaria. Estas acciones incluyen recomendaciones de aislamiento social preventivo, que en algunos países se impone con carácter obligatorio y estricto en su cumplimiento. Para lograrlo, además de la cancelación de eventos masivos (deportivos, culturales, sociales), se ha decidido la suspensión de clases en los distintos niveles educativos, y con mayor o menor intensidad según los casos nacionales, la interrupción total o parcial de buena parte de las actividades económicas.

En el caso de Argentina, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que rige desde el 20 de marzo de 2020, ha implicado que un gran número de actividades económicas se vean suspendidas y otras (las consideradas esenciales) reducidas a un mínimo funcionamiento. Sin embargo, en este escenario de temor por la progresión de los contagios y de preocupación por la caída de la producción, las actividades de cuidado se han visto intensificadas. Pues, ni las tareas que se realizan en la esfera pública ni las que se efectúan al interior de los hogares dejan de funcionar. Por el contrario, todas ellas son las encargadas, en primera línea, de enfrentar al COVID-19 y de amortiguar los efectos económicos y sociales de la crisis que conlleva.

En la esfera pública, entre los servicios declarados esenciales en la emergencia, por el decreto que establece el aislamiento social obligatorio, se incluyen: la salud humana; la asistencia a personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes; los servicios sociales brindados en comedores escolares, comunitarios y merenderos; los servicios de lavandería; entre otros. Todas estas actividades cuentan con la particularidad de estar altamente feminizadas en su composición y de ser de las que se desarrollan en peores condiciones y con más bajas remuneraciones.

Por su parte, al interior de los hogares, en este contexto se observa una sobrecarga de tareas domésticas y reproductivas: mantener el aseo y limpieza de la casa (que en crisis sanitaria implica extremar la higienización); cuidar y entretener a los niños y niñas pequeñas, cuidar de los adultos mayores, puesto que incluso los que no presentaban dependencia en otras situaciones ahora son la población más vulnerable frente al virus; garantizar la continuación de los procesos educativos de los niños, niñas y adolescentes haciendo las veces de co-docente ya que se ha resuelto que continúen el proceso de enseñanza- aprendizaje de manera virtual.

A esto se le suma la tensión en los casos en que el trabajo remunerado puede continuarse a través del teletrabajo. En este sentido, se observa una presión sobre les trabajadores asalariados para sostener la producción y la productividad a “como dé lugar”, sin consideraciones sobre las responsabilidades de cuidado incrementadas y las dificultades aún mayores para compatibilizar ambas dimensiones del trabajo.

Adicionalmente, el Covid-19 expone con contundencia las desigualdades y las profundiza. Por un lado, la propia condición de aislamiento social se vuelve más difícil en contextos habitacionales precarios, en barrios populares donde la propia noción de distancia es difícil de mantener, y dónde “quedarse en casa” puede ser más riesgoso que no hacerlo. Por otro lado, las posibilidades de resolver las necesidades de cuidado en contextos materiales precarios son aún más difíciles y demandan todavía más trabajo no remunerado. Sumado a que muchas cosas que los hogares de ingresos medios o altos pueden resolver virtualmente (compras, trámites, etc.), en el caso de los hogares más vulnerables conlleva más tiempo, y muchas veces incurrir en largas colas poniendo en riesgo su salud y la de los demás miembros de sus hogares.

Más aún, en aquellos sectores vulnerables de la población, cuyos ingresos monetarios dependen en gran medida de actividades productivas efectuadas día a día, la presión sobre el trabajo no remunerado es mayor en tanto éste es el responsable de cubrir la merma de ingresos en el periodo de aislamiento y el aumento del desfasaje con los niveles de bienestar. Y esto sucede aún en casos donde los gobiernos han respondido con medidas de transferencias monetarias de emergencia (como el caso del Ingreso Familiar de Emergencia en Argentina), que sin dudas son muy relevantes, pero resultan insuficientes.

Esta situación es propia de la emergencia, pero también es esperable que se prolongue por las propias consecuencias económicas no sólo de la pandemia, sino de las medidas tomadas para enfrentarla. Los organismos internacionales han realizado estimaciones sobre los efectos en la producción a escala global, regional y nacional. En el caso de los ingresos globales, el último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) ha estimado una caída que gira en torno a un billón de dólares en comparación a lo estimado para 2020 y que podría llegar a los dos billones ante un peor escenario. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha previsto que la región se verá impactada por diversas vías: turismo, exportaciones, suministros, el precio de los productos y el nivel de la inversión, teniendo efectos graves sobre el PBI, el empleo y la pobreza.

A nivel de los países, se entiende que las implicancias en la economía dependerán de la capacidad de los Estados para mitigar el daño en el bienestar de sus habitantes. Estas irán de la mano del paquete de medidas que los gobiernos lleven adelante y de los efectos en las distintas ramas de actividad y sectores de la población.

Como señalamos anteriormente, y como se viene diciendo desde los aportes de la Economía Feminista, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado cumplirá un rol central en el sostenimiento de la vida y el funcionamiento de la economía en esta coyuntura. Y esto, a pesar de que la mayoría de los países siguen invisibilizando este aporte central en su contabilidad nacional. Tomando el caso argentino, es destacable que en la definición de las actividades “esenciales” (aquellas enumeradas en el decreto 297/2020) se hayan incluido muchas cuyo valor económico engrosa la estimación del PBI, a la par de otras (las de cuidado de personas) cuya contribución en términos monetarios es sistemáticamente negada.

Con todo, se evidencia que la situación desatada por el COVID-19 ha puesto sobre el tapete el valor y la importancia tanto social como económica de aquello que decididamente no mirábamos: la importancia del cuidado, de manera multifacética, para la sostenibilidad de la vida en sociedad. A partir de esta situación, esperamos que tanto desde el Estado y desde la ciudadanía comencemos a reconocer y a jerarquizar a aquellos sectores de actividad que generan bienestar y calidad de vida. Asimismo, ahora que estamos en casa –los que no somos esenciales en este momento–, es importante no sólo reivindicar la labor cotidiana que las mujeres llevan a cabo día a día, sino también comenzar a democratizar las cargas del trabajo reproductivo entre varones y mujeres por igual.

A.R