Se hace muy difícil imaginar con qué inflación y situación cambiaria va a llegar la economía el 10 de diciembre próximo, pero sí todos los candidatos a la presidencia saben que el próximo gobierno se va a encontrar con los precios relativos distorsionados (tipo de cambio y tarifas de los servicios públicos), un BCRA sin reservas, una deuda del BCRA en pasivos remunerados descomunal y serios problemas estructurales.

 
De manera que la tarea a partir de 2024 va a ser titánica y nadie puede esperar que en 4 años la economía vaya a tener un ingreso per cápita de USD 35.000 por habitante por año como debiera tener a esta altura si en las últimas décadas hubiese acompañado el recorrido de los países vecinos.

 
Si bien será inevitable comenzar a corregir los precios relativos y el problema de la deuda del BCRA, no está claro qué sucederá con ciertas reformas estructurales que, cómo tales llevarán más tiempo en madurar y poco ha trascendido cómo se encararán.

Lo importante será no ocultarle a la sociedad la herencia que se recibe. Sería un grosero error repetir lo hecho en el 10 de diciembre de 2015. El argumento que en ese momento usaba el gobierno de Cambiemos era que si contaban lo que habían recibido no iban a conseguir crédito externo para financiar el gradualismo.

En primer lugar, afuera sabían tan bien como los economistas de acá lo que ocurría en la economía argentina. En segundo lugar, fue apostar al gradualismo. El tercero fue no contarle a la gente lo que se recibía porque de esa forma la población no sabía el esfuerzo que había que hacer para dominar el cuadro heredado.

En esta oportunidad se recibirá una tasa de inflación más eleva y más tipos de cambio para las transacciones comerciales y financieras que requerirán de unificación, según las insistentes recomendaciones de los técnicos del FMI.

Otro de los serios problemas a resolver será reducir el abultado stock de pasivos monetarios remunerados del BCRA que en 2015 representaban el 52% de la base monetaria y actualmente son 2,7 veces.

Todos estos problemas son consecuencia de un gasto público consolidado que sigue en 43% del PBI y haberse acabado los mecanismos de financiamiento del excedente sobre los recursos tributarios.

No hay acceso al crédito externo, el ahorro interno está captado por el Tesoro Nacional y el BCRA, la carga tributaria que soporta el sector privado ya hace inviable el crecimiento de la economía y los mecanismos de absorción del excedente monetario se van agotando, por lo tanto, el desafío es lograr ir rápidamente al equilibrio fiscal con una baja del gasto público, porque tampoco hay margen elevar la carga.

Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en 2021 (hoy los datos deben ser peores) todos los meses salían de la ventanilla del Estado giros para 8,5 millones de personas entre jubilados y pensionados y casi 16 millones de beneficiarios de planes sociales. Si a este dato se le agregan 3,4 millones de empleados públicos entre nación, provincias y municipios, se llega a casi 28 millones de beneficiarios y perceptores de las arcas públicas, más de dos tercios de la población.

En otras palabras, una economía donde tantos viven de tan pocos es absolutamente inviable.

El drama es que todo el desastre monetario, fiscal, cuasifiscal, de endeudamiento interno y externo, junto con la enorme carga tributaria, es consecuencia de un gasto público consolidado que está 10 puntos porcentuales respecto al PBI de lo que estaba en las décadas del 80 y del 90, cuando tampoco se pudo sostener un gasto consolidado de 32% del PBI.

Por eso, el principal problema con que se va a encontrar el próximo gobierno es que no le quedará otra opción que comenzar a revertir semejantes desequilibrios, para poder volver a crecer y disminuir el desorbitado nivel de pobreza de la población.